Desde antes de los romanos nunca había conocido un autócrata tan manipulador como el sanchez ese, no le dice la verdad ni al médico, un patan de tres al cuarto, majadero todo el dia, y la tropa que le acompaña, que te voy a decir, menos mal a los jueces si no teniamos sanchismo, junqueras y puigdemont para los siglos venideros, prometio pisos a miles y solo ha dado llaves a unos `pocos y los de Sumar, que banda dios mio, ppor favor que los devuelvan a los corrales, fuera esta jarcia de salvajes e indocumentados

Como siempre Zuky muy acertado con sus artículos, Pedro Sánchez en su ultima campaña electoral prometió el oro y el moro en el tema de la vivienda.. pero en su primera campaña electoral dijo una y otra vez que con él iban a desaparecer los desahucios, la mentira y el tomar a los españoles por imbéciles le va a pasar factura en las próximas elecciones y luego ya ni hablar con el tema del Ceuta. España desde que él está en la Moncloa ha perdido el prestigio el poco el mucho que podía tener antes de él llegar al poder basta ver el vídeo en este último discurso que él hizo en la asamblea de la ONU que prácticamente estaban los asientos vacíos.. eso sí Delcy presidenta de Venezuela hizo un recorrido de unos setenta metros según los periodistas para acercarse al asiento donde estaba Pedro Sánchez en la asamblea de la ONU para saludarlo y para decirle que no se preocupara que no iba a contar nada de lo de Venezuela que tuviese tranquilo..

No es necesario construir más, todos y absolutamente todos los pisos y apartamentos para alquiler turístico Fuera! los turistas a un hotel y los pisos para arrendamiento no más alto que una hipoteca para los habitantes de cada Comunidad

@Pere, tu aportación ayuda a poner el foco en la dimensión jurídica del caso. Si los datos que expones se confirman, cabe preguntarse hasta qué punto se está construyendo un relato político que deja en segundo plano la ley y los contratos. No obstante, la información de los medios puede ser incompleta y no conocemos todas las circunstancias personales. En cualquier caso, más allá de este caso concreto, lo que me preocupa es el mensaje social que podría transmitirse. Si aguantar lo suficiente o generar ruido mediático sirve para eludir los procedimientos, se está enviando un mensaje injusto a quienes adaptan su vida a su presupuesto y cumplen las normas sin aparecer en la prensa. La repercusión de un caso no debería determinar quién debe cumplir las reglas y quién obtiene una excepción.

El caso de Maricarmen invita a hablar también de responsabilidad personal. Todos debemos ajustar nuestras decisiones de vivienda a nuestros ingresos, necesidades y posibilidades reales. Eso puede exigir renunciar al barrio, al tamaño o a las condiciones que nos gustaría conservar. El apego a un hogar es comprensible, pero debe convivir con esa realidad. Haber vivido durante décadas en una vivienda alquilada merece consideración, aunque no convierte esa vivienda en propiedad. El derecho a permanecer depende del contrato y de la ley. Cuando se conoce con antelación que un alquiler puede terminar, buscar alternativas y prepararse para ese cambio también forma parte de la responsabilidad individual. Los derechos del propietario también cuentan. Si los servicios sociales ofrecen una alternativa digna, económicamente asumible y adecuada a la edad, la salud y la movilidad de la persona, lo razonable es aceptarla, aunque no sea la opción deseada. Rechazarla únicamente por preferir una vivienda concreta no debería generar automáticamente la obligación de financiar esa preferencia entre todos. En este caso, corresponde aclarar qué solución se ofreció y si reunía esas condiciones. La movilización de muchas personas tampoco demuestra, por sí sola, que una reivindicación sea justa en todos sus términos. El apoyo social debe acompañarse de un examen de los hechos y de los derechos de todas las partes. También merecen consideración quienes adaptan su vida a su presupuesto y quienes esperan ayuda sin aparecer en los medios. La protección pública debe aplicar criterios equivalentes a necesidades equivalentes. Esa misma responsabilidad debe exigirse a quienes gobiernan. El Gobierno de Sánchez debe presentar un balance verificable de sus compromisos de vivienda: cuántas están en proyecto, cuántas terminadas, cuántas adjudicadas y cuántas habitadas, con qué coste y dentro de qué plazos. Necesitamos comprobar qué resultados producen los recursos que aportamos. Quienes trabajamos sabemos que la educación, la sanidad, la seguridad, las carreteras y la innovación necesitan financiación. Entendemos nuestra obligación de contribuir. Precisamente por eso, tenemos derecho a exigir una gestión rigurosa y a cuestionar si la calidad de los servicios justifica el esfuerzo fiscal que se nos pide. La contribución al bienestar común debe dejar también margen para mejorar nuestras propias condiciones de vida. El endeudamiento genera intereses y compromisos que condicionan los presupuestos futuros. Antes de exigir nuevos sacrificios al contribuyente, cada Administración debería revisar sus duplicidades, sus gastos prescindibles y los programas que no cumplen sus objetivos. El tamaño del Estado debe justificarse por las funciones que desempeña y los resultados que ofrece. Más allá de este caso, debemos abordar también cómo se diseñan y supervisan las ayudas destinadas a personas en edad y condiciones de trabajar. Deben proteger a quienes las necesitan y exigir responsabilidad a quienes tienen oportunidades reales de empleo. Las obligaciones deben cumplirse y los controles aplicarse de forma efectiva. No es razonable sostener indefinidamente a quien rechaza, sin causa justificada, un empleo adecuado. El Estado debe hacer que trabajar compense y evitar que resulte más ventajoso vivir de las ayudas que incorporarse al empleo. Si el sistema favorece esa dependencia, desincentiva el esfuerzo que lo sostiene. Necesitamos personas que cuiden, construyan, reparen y presten los servicios de los que todos dependemos. Esos trabajos merecen condiciones dignas y reconocimiento. El descanso es una necesidad imprescindible. El gasto en ocio debe ajustarse a nuestras posibilidades económicas, sin desatender nuestras responsabilidades ni convertir nuestros deseos de consumo en una obligación para los demás. Las instituciones deben respaldar a quienes trabajamos: nuestro esfuerzo debe permitirnos vivir con dignidad, ahorrar y disponer de tiempo y recursos para disfrutar de lo conseguido. La disciplina y el esfuerzo que se exigen al ciudadano deben reflejarse en la gestión pública. La confianza se gana cumpliendo compromisos, explicando decisiones y corrigiendo errores. La lealtad institucional también consiste en respetar el tiempo y el trabajo que hay detrás de cada impuesto. Quienes sostenemos el Estado también merecemos poder construir nuestro propio futuro. Debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad para vivir en la Tierra con responsabilidad: contribuir según nuestras posibilidades, valorar el esfuerzo y cuidar los recursos y las oportunidades que dejaremos a quienes vengan después.

Sanchez dimissio ja. Esperpentic No veig cap feminista i cap manifestacio en sos desastres de ceuta,

muy dicho y explicado pere, entre tu y zuky el traje esta completo

En Zuky té més raó que un sant, i si en Pedro Sánchez expropia un habitatge per desnonament, n'ha d'expropiar tots; a jo també me'l van treure i ningú s'ha preocupat de donar-me'n un altre; m'he hagut de conformat de viure en un pis compartit.

Muy bien dicho, Zuky. Es una vergüenza lo que está haciendo el PSOE con la vivienda. Prometieron mucho y no han hecho nada.

Toda la verdad de una estafa social: Mari Carmen, una anciana de 87 años, vivía en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el barrio del Retiro, una de las mejores zonas de Madrid. Se mudó allí en 1956, con 17 años, junto a su familia, gracias a que su padre consiguió un contrato de arrendamiento franquista de los denominados hoy como de renta antigua. Tras la muerte de su padre, hacia 1960, siguió viviendo con su madre. Desde 2005, al fallecer esta, residía sola y era responsable de pagar un alquiler de renta antigua, muy por debajo del precio de mercado. La ley solo permite permanecer de forma indefinida al titular original y a quien se subroga en primer lugar. Esa primera subrogación correspondió a su madre tras el fallecimiento del padre. La de Mari Carmen fue la segunda y esta solo daba derecho a dos años, salvo que existiera una discapacidad superior al 65 %, circunstancia que ella no cumple. Es decir, Mari Carmen, que trabajó durante cuarenta y nueve años como auxiliar administrativa hasta 1998 y cuya pensión actualmente ronda los 1450 euros, ha tenido más de veinte años para buscar un nuevo lugar donde vivir, pero simplemente no ha querido. Ella quería quedarse pagando 440 euros por un piso en el barrio del Retiro de 92 metros cuadrados, que disponía de tres habitaciones, salón, cocina, baño y un cuarto de servicio. Para hacerse una idea, por un piso de tres habitaciones y unos 94 metros cuadrados en la misma calle se piden 2950 euros al mes. Un primo de Mari Carmen le ha ofrecido su casa para que se quede, pero se ha negado. También ha rechazado la plaza de emergencia gratuita en una residencia que le ofrecía el Ayuntamiento de Madrid. El decreto de Miguel Boyer en 1985 la eliminó la renta antigua impidiendo de que sean vitalicios y la obligatoriedad de la subrogación. La LAU de 1994 los finiquitó, también con el PSOE. Mari Carmen vivió en ese piso por Franco y a Mari Carmen la han desahuciado por una ley del PSOE. Que no os engañen. El mensaje que se está enviando es brutal: si aguantas lo suficiente y montas el circo adecuado, el derecho de propiedad es un trámite. El resto de inquilinos que pagan mercado, los jóvenes que no pueden entrar en el centro y los dueños que heredaron o compraron un piso con un contrato eterno de 400 € se joden en silencio.