CONSELL DE GOVERN: El Govern aprueba el Decreto ley para paliar los efectos económicos en las Illes Balears de la guerra en Irán. El ejecutivo moviliza más de 160 millones entre ayudas directas, medidas para la liquidez, deducciones fiscales y revisiones de contratos públicos. Se introduce, como novedad, una nueva deducción para que las ayudas recibidas por parte de personas físicas no tributen en el IRPF.

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha aprobado este miércoles el Decreto ley 1/2026 por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Próximo. El Decreto ley, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, supone la movilización de 160,75 millones de euros con el objetivo de proteger el tejido empresarial, preservar los puestos de trabajo y evitar que el incremento de costes acabe repercutiendo directamente en la cesta de la compra y en las familias de las Illes Balears.

El Decreto ley activa mecanismos de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA. También se incluyen 36,75 millones de euros en ayudas directas a los sectores económicos más afectados por la guerra en Oriente Próximo, que tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca e Ibiza, y la triple insularidad de Formentera. Para el sector primario se movilizan 13,5 millones de euros: 5 millones para inversiones agrarias, 3,5 millones por el sobrecoste de la alimentación del ganado, 1,5 millones por el sobrecoste de fertilizantes, 1 millón por el sobrecoste de otros insumos agrarios, 1 millón para una nueva convocatoria de bonos de producto local, 750.000 euros por el sobrecoste del combustible agrícola y 750.000 euros por el sobrecoste del combustible pesquero.

Para el sector del transporte se movilizan 9,75 millones de euros: 6 millones de euros para compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías, 750.000 euros para el transporte discrecional, 500.000 euros para el sector del taxi, y 2,5 millones de euros para el desguace de vehículos.

Para los sectores de la industria, la construcción y el comercio se movilizan 13,5 millones de euros: 8 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial y de la construcción para compensar el sobrecoste del combustible y las materias primas, 3,5 millones de euros para una convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y alimentación, y 2 millones de euros por el sobrecoste del transporte para empresas industriales exportadoras. Por otro lado, se aprueban medidas para agilizar la tramitación de las ayudas, mediante modificaciones normativas y programas temporales para reforzar los equipos de gestión con más personal público.

Medidas fiscales. El Decreto ley introduce medidas fiscales con un impacto estimado de 4 millones de euros. Se recupera la deducción autonómica para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, y se establece —hasta el 30 de junio, ampliable al 30 de septiembre— una bonificación del 50 % de las tasas portuarias para actividades económicas, así como una bonificación del 100 % para los pescadores profesionales.

Como novedad, se ha aprobado también una nueva deducción fiscal por la que las ayudas derivadas del Decreto ley que reciban las personas físicas no tributarán en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El Decreto ley 1/2026 establece, además, los mecanismos para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, para adaptarlos a la actual escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones.

Aumento salarial a los funcionarios. Finalmente, el texto da cobertura legal para actualizar la subida salarial del 1,5 % al conjunto de trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, correspondiente al ejercicio de 2026, con carácter retroactivo al 1 de enero de este año.